Guatemala ha sido históricamente un país con baja carga tributaria. A finales de la década de 1990 este hecho quedó documentado en un estudio realizado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), titulado «Rompiendo la barrera del 8 %»; el cual se hacía referencia al techo máximo alcanzado por la carga tributaria en la época. Este problema fue abordado en los Acuerdos de Paz, específicamente en el «Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria» firmado en 1996. En dicho Acuerdo se estableció la meta de incrementar antes de 2000 la recaudación tributaria en un 50 % respecto a la registrada en 1995.

El compromiso del Gobierno de lograr una carga tributaria de 12 % en el plazo establecido se incumplió. En consecuencia, en el 2000 se promovió la negociación de un acuerdo en materia de política fiscal con la participación de diversos sectores de la sociedad, cuyo producto fue la suscripción del «Pacto Fiscal para un Futuro con Paz y Desarrollo». El pacto consensuó criterios respecto al monto de la carga tributaria y destino del gasto público, con el propósito de lograr un mayor bienestar de la población. Pese a los esfuerzos realizados, la historia se volvió a repetir y se incumplió el nuevo pacto por aumentar los ingresos fiscales. De esa cuenta, al 2022, Guatemala sigue siendo uno de los países con más baja carga tributaria, de acuerdo con las estadísticas del FMI.